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La extradición es la entrega de un individuo de un país a otro, con el fin de ser juzgado o cumplir una pena por un delito cometido en el país de origen.

La falta de acuerdos de extradición puede dificultar la persecución de criminales que se refugian en estos países. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la falta de acuerdo no implica necesariamente que no se pueda llevar a cabo la extradición.

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A pesar de que España ha solicitado la extradición de varias personas relacionadas con este caso, las autoridades rusas se han negado a entregar a los acusados, alegando que la Constitución rusa prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Esto puede lograrse a través de la participación activa en organismos internacionales y la adhesión a convenios y tratados que promuevan la cooperación judicial y la extradición de delincuentes.

Chile no tiene tratado de extradición con Australia. Esto significa que los dos países no tienen un acuerdo oficial en el cual se comprometan a entregar a personas acusadas o condenadas por delitos graves a la jurisdicción del otro país.

Si bien la negociación y firma de acuerdos de extradición puede llevar tiempo, es importante promover activamente la celebración de estos acuerdos con los países con los que España no tiene actualmente un acuerdo.

Es un mecanismo have a peek at these guys fundamental para la cooperación internacional en materia de justicia penal y lucha contra la impunidad.

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A pesar de que la negativa de un país a firmar un tratado de extradición puede tener graves consecuencias, hay medidas que se pueden tomar para combatirla.

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Cada Estado tiene la navigate here potestad de instituir sus normas relativas a la extradición, por lo que puede permitirla, prohibirla o flexibilizarla en lo que respecta a sus nacionales o paises sin extradicion a los extranjeros que residan o estén de paso en su territorio. Tal y como recoge el bufete de abogados de Jesús Becerra, los tratados firmados con otros países aluden tanto a sí mismos como a las leyes de los Estados involucrados en el proceso de extradición (solicitante y solicitado) como marco regulador, para poder establecer una división de competencias entre normas internacionales y normas internas.

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